El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha planteado la idea de firmar un decreto que declare un estado de conmoción exterior, algo que podría marcar un precedente en la historia del país. Alí Daniels, abogado y codirector de la ONG Acceso a la Justicia, advirtió que tal decisión podría resultar en restricciones a derechos fundamentales.
Durante una reciente aparición, Maduro se reunió con jefes de diferentes poderes públicos y otros funcionarios para discutir la posibilidad de este decreto, motivado por las acciones de Estados Unidos, que según el mandatario, han puesto a Venezuela en la mira de una "agresión" militar en el mar Caribe.
El estado de conmoción exterior es un enfoque que se utiliza en situaciones excepcionales para permitir que el Estado tome medidas extraordinarias. Daniels explicó que estas medidas deben ser estrictamente proporcionales a las circunstancias que las originan y que no deben involucrar restricciones injustificadas a los derechos humanos.
Entre las facultades que conferiría el decreto al Ejecutivo se incluyen la suspensión de ciertos derechos, la movilidad de tropas y la posibilidad de establecer toques de queda, así como la utilización de bienes privados para afrontar la emergencia.
Es importante destacar que este decreto debería ser aprobado por el Parlamento, actualmente dominado por el chavismo, y revisado por el Tribunal Supremo de Justicia, también controlado por jueces afines al régimen. Si se aprueba, el decreto podría entrar en vigencia de inmediato y tener una duración de hasta 180 días.
Este contexto surge de tensiones crecientes entre Venezuela y Estados Unidos, las cuales se han intensificado con el despliegue militar estadounidense en la región, un movimiento que el gobierno de Trump ha justificado como parte de una lucha contra el narcotráfico vinculado a Venezuela. Maduro, por su parte, ha enfatizado que el decreto serviría para unir las fuerzas de la sociedad venezolana en la defensa del país frente a amenazas externas.
