El 4 de marzo de 2025, el PSOE y Junts presentaron en el Congreso una nueva proposición de ley que delega las competencias en inmigración a Cataluña. Esta decisión incluye la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y las devoluciones de inmigrantes con prohibición de entrada. Este pacto marca un cambio significativo en la política migratoria española, que tradicionalmente ha estado bajo el control exclusivo del Gobierno Central.
Cambios en la Seguridad y la Gestión
El acuerdo permitirá que los Mossos d’Esquadra colaboren con la Guardia Civil y la Policía Nacional en la seguridad de puertos, aeropuertos y otras áreas críticas. Esta gestión compartida implica que la policía catalana podrá operar en la frontera de Cataluña, trabajando en conjunto con las fuerzas nacionales.
Declaciones Contrarias de Fernando Grande-Marlaska
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido una figura contradictoria en todo este proceso. A pesar del nuevo pacto, Marlaska había afirmado continuamente que la gestión de la inmigración era competencia exclusiva del Estado y que no se cederían esas responsabilidades. Sus declaraciones desde el Congreso dejaban clara su oposición a cualquier forma de delegar competencias a Cataluña, sosteniendo que “no se puede ceder en ninguna de las competencias exclusivas del Estado”.
Sin embargo, el mismo día que se conocieron los detalles del pacto, Marlaska suspendió su agenda pública debido a un problema de salud, lo que ha llevado a especulaciones y críticas sobre su gestión y falta de liderazgo en este importante tema.
Reacciones Políticas
La reacción a este acuerdo no se ha hecho esperar. Representantes de diferentes partidos, incluidos los partidos de oposición, han mostrado preocupación por lo que consideran una entrega de competencias que debilita el control del Estado sobre la inmigración. Critican la falta de claridad en el proceso y cómo puede afectar la seguridad y el manejo de la inmigración en todo el país.
Este pacto entre el PSOE y Junts podría tener repercusiones significativas, no solo para la política catalana, sino también para el panorama político nacional. Las próximas semanas serán cruciales para observar cómo se desarrolla esta nueva gestión migratoria y cómo responden tanto los ciudadanos como los partidos opositores.
Conclusión
La delegación de competencias en inmigración a Cataluña plantea interrogantes sobre el futuro de la política migratoria en España. Con la seguridad estatal en juego y una creciente presión de diversos partidos, el equipo de Gobierno deberá navegar cuidadosamente para asegurar que se mantenga el orden y la cohesión en un tema tan delicado como lo es la inmigración.
