Santo Domingo, RD – El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ha dictado sentencia condenatoria a 20 y 3 años de prisión contra varios integrantes de una red dedicada a la trata y explotación sexual de mujeres extranjeras. Esta red criminal fue desmantelada en agosto de 2022 en el marco de la Operación Cattleya.
Las condenas fueron impuestas por el tribunal, presidido por Arlin Ventura Jiménez y compuesto por las magistradas Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez. La lectura completa de la sentencia se llevará a cabo el 24 de abril a las 9:00 a.m. en el mismo tribunal.
Detalles de las Condenas
Los condenados a 20 años de prisión son:
- José Alberto Soriano Rosario
- Melvin José Valentín Peguero
- Wilcene Oscar
- Dionicio Mieses de la Cruz (alias Dionis)
- María Paula Murillo Vargas
- Zafiro Nathaly Sánchez González
- Engel Neftalí Vargas Soto (Ángel)
Estos acusados enfrentarán un pago de una multa equivalente a 150 salarios mínimos.
Por otro lado, se impusieron 3 años de prisión a:
- Alejandro Arturo García Bustamante (Gato)
- Robert Eleuterio Lee Paniagua
- José Miguel Michel Guridis
- Daniel Enrique Inirio Abreu
- Cristina Virginia González Hernández
- Braulio Manuel Lugo
Adicionalmente, se condenó a seis meses de prisión a Oliver Arnaud (Timothy Case), mientras que Carlos Jonatthan Walwyn Campusano fue descargado de los cargos. El tribunal también ha ordenado la disolución del Hotel Oscar Inn en Santo Domingo, lugar donde presuntamente se llevaban a cabo algunas actividades ilícitas.
Mecanismo de la Red
La red operaba captando, trasladando y explotando sexualmente a mujeres, principalmente extranjeras, quienes eran engañadas con promesas de empleo en el país. Los acusados estaban organizados y coordinaban sus actividades delictivas a través de aplicaciones de mensajería y redes sociales, donde promocionaban a sus víctimas y generaban ganancias ilícitas.
La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) ha afirmado que lograron demostrar la relación entre los acusados y su actividad delictiva, siendo este un paso significativo en la lucha contra el tráfico humano en la República Dominicana.
La condena impuesta representa un avance importante en la erradicación de la trata de personas y la protección de las víctimas en el país.